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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el intento del gobierno del presidente Rafael Correa, de Ecuador, quien intenta expandir su política de restricciones a la libertad de prensa y de expresión a todos los países de Latinoamérica.
El movimiento del gobierno ecuatoriano, uno de los más represivos contra la libertad de prensa en el mundo, fue presentar un proyecto “marco” de ley de comunicación ante el Parlamento Latinoamericano y del Caribe, que se celebra desde ayer hasta hoy sábado en Panamá. El proyecto, a imagen y semejanza de la Ley de Comunicación de Ecuador (“ley mordaza”) fue expuesto ante la Comisión de Asuntos Políticos y Municipales por el diputado ecuatoriano Octavio Villacreses, del partido gobernante Alianza País (AP).
La iniciativa ecuatoriana incluye la figura de la información como servicio público, atribuyéndose al Estado la decisión de censurar contenidos, multar, cerrar medios y condenar a periodistas.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expresó su esperanza de que “el Parlatino no apruebe este proyecto. Si lo hace, estaría arrogándose la facultad de dar la espalda a los latinoamericanos, condenándolos al ostracismo y permitiendo a los estados transformarse en un ‘gran hermano’ para decidir qué pueden expresar u opinar los ciudadanos”.
“Sería un contrasentido que hubiera una ‘ley mordaza’ como la ecuatoriana a nivel general –dijo Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay– ya que los legisladores latinoamericanos desvirtuarían su misión y convertirían en letra muerta la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y todos los principios sobre libertad de expresión que costó décadas consolidar en nuestra región”.
La iniciativa ecuatoriana incluye la figura de la información como servicio público, atribuyéndose al Estado la decisión de censurar contenidos, multar, cerrar medios y condenar a periodistas.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expresó su esperanza de que “el Parlatino no apruebe este proyecto. Si lo hace, estaría arrogándose la facultad de dar la espalda a los latinoamericanos, condenándolos al ostracismo y permitiendo a los estados transformarse en un ‘gran hermano’ para decidir qué pueden expresar u opinar los ciudadanos”.
“Sería un contrasentido que hubiera una ‘ley mordaza’ como la ecuatoriana a nivel general –dijo Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay– ya que los legisladores latinoamericanos desvirtuarían su misión y convertirían en letra muerta la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y todos los principios sobre libertad de expresión que costó décadas consolidar en nuestra región”.
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