Argentina muy probablemente no hará el pago de un bono que se vence el lunes, lo que la pone en camino de un posible impago. Argentina debe cubrir el pago de intereses a la mayoría de sus acreedores, pero el gobierno tiene un periodo de gracia de 30 después del lunes para evitar la que sería su segunda mora de pagos en 13 años.
La Corte Suprema de Estados Unidos recientemente rechazó el intento de Argentina de bloquear el fallo de una corte de menor que la obliga a pagar a fondos especulativos que poseen bonos correspondientes al impago de deuda de 2001.
El juez federal estadounidense Thomas Griesa exhortó a seguir negociando con los fondos que se negaron a participar en los canjes de deuda de 2005 y 2010. El juez también dijo que sería ilegal que Argentina hiciera un pago a la mayoría de sus acreedores sin pagar también más 1.500 millones de dólares a los fondos que no aceptaron canjes.
Griesa designó un mediador especial la semana pasada para facilitar las negociaciones porque Argentina indicó a través de sus abogados que planeaba negociar por primera vez con los tenedores de bonos estadounidenses.
La presidenta Cristina Fernández se ha negado por mucho tiempo a negociar con los demandantes comandados por NML Capital Ltd, del multimillonario neoyorquino Paul Singer, quien pasó más de una década litigando para exigir el pago completo en lugar de aceptar el canje de deuda con Argentina que incluía condonaciones. Pero la mandataria se ha visto acorralada por el plan de pagos de NML Capital. Los acreedores de los fondos especulativos acusaron el lunes a Argentina de negarse a iniciar pláticas.
"La voluntad expresada por Argentina para negociar con sus acreedores ha resultado ser sólo otra promesa rota. NML está en la mesa, dispuesta a hablar, pero Argentina se ha negado a negociar cualquier aspecto de esta disputa", dijo en un comunicado Elliott Management, que opera NML.
"No hay negociaciones en curso, no ha habido negociaciones, y Argentina se niega a comprometerse a sostener negociaciones en el futuro. El gobierno de Argentina ha elegido poner al país al borde del impago. Sinceramente esperamos que reconsidere este callejón sin salida".
Posteriormente el lunes, el Ministerio de Economía emitió un comunicado en el que dijo que el 7 de julio enviaría una delegación a Nueva York para reunirse con el mediador.
"Argentina reitera su vocación para negociar en condiciones justas, equitativas y legales que contemplen los intereses del 100% de los acreedores, lo que significa puntualmente que se permita cobrar a los bonistas reestructurados en el vencimiento en curso", dice el comunicado sin especificar quién será parte de la delegación.
Fernández quiere un trato equitativo para el más de 92% de los acreedores que han estado cobrando por los bonos canjeados desde que se amortizaron más de dos tercios del valor nominal de los bonos vencidos en los pasados canjes de deuda.
Y también quiere la participación del 7% de acreedores que no negociaron pero que no demandaron a Argentina o que no fueron parte del fallo judicial reciente. Pagar el monto nominal completo a los fondos que Fernández describe como "buitres" seguramente desencadenaría una serie de demandas de otros tenedores que exigirían ser pagados en términos similares. El gobierno de Argentina calcula que esa deuda sumaría unos 15.000 millones de dólares.
Con casi 29.000 millones de dólares en reservas internacionales, Argentina parece tener el dinero para cubrir esa deuda. Pero esas reservas incluyen préstamos a otros países, depósitos en el FMI y otros activos que no son de rápida liquidación.
Sin ellos, Argentina tiene unos 16.000 millones de dólares a la mano. Los países con problemas de deuda encuentran con frecuencia inversionistas dispuestos a prestarles dinero para pagar a otros acreedores. Pero Argentina ha estado fuera de los mercados de bonos por más de una década.
Fernández y su esposo, el difunto presidente Nestor Kirchner, han usado gran parte de las reservas del Banco Central para pagar las deudas de Argentina, proveer subsidios al consumo de energía y financiar programas sociales, lo que merma su capacidad de maniobra para controlar una de las tasas inflacionarias más altas del mundo y administrar el flujo de capital.
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