Contra discrimen al grupo LGTB

Washington

El presidente estadounidense, Barack Obama, firmó ayer una orden ejecutiva que prohíbe a las empresas que tengan contratos con el Gobierno federal toda discriminación contra sus empleados homosexuales, bisexuales y transexuales (LGTB).

Obama lamentó que “todavía hoy en Estados Unidos, millones de ciudadanos se levantan y van al trabajo con la rara sensación de que pueden perder su empleo, no por algo que hayan hecho o en lo que hayan fallado, sino por quienes son”, dijo antes de firmar la orden ejecutiva en una ceremonia en el Salón Este de la Casa Blanca.

La orden ejecutiva convierte en ilegal el despido de empleados de empresas subcontratadas por el Gobierno por motivos relacionados con su orientación sexual o su identidad de género y explícitamente prohíbe la discriminación de los empleados transexuales.
“Estamos aquí para hacer lo que podemos y lo correcto con el fin de inclinar un poco la balanza de la justicia en una dirección mejor”, señaló el mandatario, que destacó la labor de los miembros de la comunidad LGTB en su administración poniendo su talento al servicio de los estadounidenses.
La orden ejecutiva 11.246 emitida por el presidente Lyndon B. Johnson (1963- 69) prohibió a las empresas que subcontrata el Gobierno la discriminación “contra cualquier empleado o solicitante de empleo por su raza, color, religión, sexo u origen nacional”.
Categorías protegidas
Ahora se añade la no discriminación por orientación sexual y por identidad de género a la lista de categorías protegidas por el Gobierno.
Se agrega además a la orden ejecutiva 11.478 del presidente Richard Nixon (1969-74) contra la discriminación de los empleados federales por raza, color, religión, sexo, nacionalidad, discapacidad y edad, a la cual el presidente Bill Clinton incluyó en 1998 el amparo en contra de la discriminación por la orientación sexual y la protección por identidad de género.
Obama adelantó el pasado junio en la gala anual LGBT del Comité Nacional Demócrata en Nueva York que ante la falta de acción del Congreso para legislar en esta materia.